El sector de la energía se encuentra actualmente en un estado de incertidumbre y preocupación debido a la necesidad de obtener la autorización de explotación. Todo esto se desarrolla en un contexto de enormes desafíos y plazos ajustados que deben cumplirse antes del 25 de junio de 2025. Siendo un sector crucial para el futuro sostenible, se espera una inversión masiva de aproximadamente 50.000 millones de euros.

Regulación y Protección

Las energías renovables, que desempeñan un papel fundamental en la transición hacia un sistema más ecológico, se enfrentan a este desafío con determinación. La regulación en este campo se ha diseñado tradicionalmente para cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Su objetivo es evitar la especulación, garantizando que los proyectos más sólidos tengan prioridad frente a los menos desarrollados que podrían saturar la capacidad de la red eléctrica.

Hitos Administrativos y Consecuencias

El Gobierno ha establecido una serie de hitos administrativos a través del Real Decreto-ley 23/2020. El incumplimiento de estos hitos, a excepción de la falta de obtención de la declaración de impacto ambiental por causas ajenas al promotor, puede llevar a la caducidad de los permisos otorgados y a la ejecución de los avales depositados para obtener derechos de acceso a la red.

El Colapso en la Tramitación

A pesar de la aprobación de esta norma, no se produjo la cantidad esperada de renuncias o cancelaciones de proyectos, como había previsto el Gobierno. En cambio, se generó un colapso en diversas administraciones debido a la gran cantidad de proyectos en proceso de tramitación.

Medidas para Evitar Incumplimientos

Ante esta situación y con el fin de evitar que proyectos potencialmente viables incumplan sus hitos, se promulgó el Real Decreto-ley 29/2021 el 21 de diciembre. Este decreto permite un período adicional de nueve meses para cumplir con los hitos intermedios, como la declaración de impacto ambiental, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción. Además, el Real Decreto-ley 5/2023, emitido el 28 de junio de 2023, otorgó seis meses adicionales para obtener la autorización administrativa de construcción a las instalaciones que obtuvieron permisos de acceso después del 1 de enero de 2018.

Plazos y Desafíos Futuros

Sin embargo, a pesar de estas medidas, la inquietud persiste en las empresas del sector, ya que la fecha límite para obtener la autorización de explotación definitiva (AAE) sigue siendo el 25 de junio de 2025. Además, es importante recordar que RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. requiere aproximadamente seis meses para conceder la AAE, lo que significa que los proyectos deben estar construidos antes de diciembre de 2024 para cumplir con los plazos.

Colapso y Desafíos Adicionales

La actual situación de colapso en el proceso de tramitación se refleja claramente en la Orden TE/18/2023, emitida el 21 de febrero, que señala: «El volumen de proyectos relacionados con la transición ecológica ha superado a todos los organismos involucrados en alguna etapa de la tramitación de proyectos, lo que ha provocado importantes retrasos en los tiempos de tramitación».

Impacto en el Mercado

Todo esto está generando tensiones y obstáculos no solo en el proceso de tramitación, sino también en lo que respecta al suministro de equipos, la financiación de proyectos, la selección de contratistas, y otros aspectos. Esto ha resultado en alteraciones artificiales en el mercado, con aumentos de precios e imposición de condiciones contractuales poco habituales.

Llamado a la Acción

Las asociaciones del sector están haciendo un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas y extienda el plazo para obtener la AAE, con el objetivo de proteger las inversiones considerables previstas en proyectos de energías renovables. Además, esto evitaría que los promotores afectados puedan reclamar daños económicos a la Administración mediante una demanda de responsabilidad patrimonial.

El Futuro y la Incertidumbre

Mientras se espera la decisión del Gobierno, es evidente que una prórroga probablemente no resolverá todos los problemas acumulados debido al tiempo perdido. La responsabilidad recae una vez más en las empresas del sector. Como abogados especializados, nuestra tarea es evaluar, en cada caso, los riesgos asociados a la imposibilidad de obtener la AAE dentro del plazo y determinar la mejor estrategia a seguir en medio de la incertidumbre que rodea a estos proyectos, que son fundamentales para un futuro más sostenible.

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